El hecho de que respecto de un determinado proceso selectivo no se hayan ofertado todas las plazas vacantes en el proceso de reasignación de plazas tras las renuncias producidas al amparo de lo dispuesto en una determinada Orden, no constituye incumplimiento alguno de las obligaciones de publicidad activa definidas por el Título II LTPA. Es más, incluso aunque los hechos denunciados pudieran derivar en un supuesto incumplimiento de obligaciones de publicidad telemática al amparo de lo dispuesto en la susodicha Orden, el Consejo no está llamado a supervisar todas y cada una de las concretas exigencias de publicidad telemática que pueda imponer la correspondiente normativa sectorial, sino únicamente aquellas que sean reconducibles al sistema de publicidad activa contenido en el Título II LTPA. Así pues, ante la falta de acreditación del incumplimiento de alguna obligación de publicidad activa prevista en la normativa de transparencia, se archiva la denuncia interpuesta. Ello no impide que la pretensión de la persona denunciante puede hacerse valer dentro del oportuno procedimiento administrativo que pueda tramitarse al respecto por el órgano competente, o, en caso de su denegación, a través de las vías impugnatorias que procedan en sede administrativa o jurisdiccional, donde aquélla podrá tener, en su caso, satisfacción a sus demandas. Y desde luego tampoco imposibilita que la persona denunciante (al igual que cualquier otra persona), en ejercicio del derecho de acceso a la información pública previsto en el art. 24 LTPA, pueda solicitar información que, en relación con los hechos a los que se refiere la denuncia, obre en poder de entidad denunciada. Solicitud que en el caso de ser inobservada o inadecuadamente atendida podría legitimar la interposición de una reclamación ante el Consejo al amparo de lo que establece el citado artículo.