El análisis de la acción coordinada europea para conocer cómo aplican las organizaciones el derecho de acceso que ejercitan los ciudadanos, actuación impulsada por el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) y a la que se sumaron la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y la Autoridad Catalana de Protección de Datos, ha revelado un claro interés por cumplir la normativa de protección de datos y atender de manera adecuada este derecho. 

Otra de las conclusiones de este estudio señala el escaso ejercicio de este derecho por parte de la ciudadanía en general, con la notable excepción del sector sanitario, donde se tramitaron cerca de 100.000 solicitudes solo en 2023. Si bien la mayoría de organismos disponen de procedimientos formales para atender estas solicitudes, se observa disparidad tanto en su nivel de formalización como en aspectos clave de su gestión tales como el cómputo de plazos o los niveles de seguridad aplicados. También se han identificado áreas de mejora en la gestión de solicitudes complejas, en la disponibilidad de recursos para implementar sistemas de supervisión adecuados y en el apoyo prestado por los encargados del tratamiento. 

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