La inteligencia artificial (IA) ha generado muchas expectativas sobre su impacto económico, científico y social, razón por la cual ha estado en la agenda de los Gobiernos, la industria, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades de protección de datos.

Particularmente se vincula a la IA el uso de algoritmos, los cuales son un conjunto de reglas o una secuencia de operaciones lógicas que proporcionan instrucciones para que las máquinas tomen decisiones o actúen de determinada manera.

Los datos personales son esenciales para la AI, porque se han convertido en un insumo crucial para el funcionamiento de algunos sistemas de inteligencia artificial. Ante ello, surge la preocupación de que el uso de estos datos sea respetuoso de los derechos humanos y del marco normativo que es aplicable a su tratamiento.

Así, cuando un software, producto o dispositivo de IA requiere en alguna etapa de su funcionamiento de datos personales, los fabricantes de los mismos deben respetar la regulación especial sobre la materia, compuesta tanto por las normas locales del país respectivo, como por el conjunto de principios y derechos creados por documentos emitidos por organizaciones internacionales. Las reglas sobre tratamiento de datos personales buscan evitar cualquier abuso que pueda generar una amenaza o vulneración de los derechos que asisten a los titulares de los datos.

El objetivo de los documentos con recomendaciones elaborados por la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD)(*) es presentar algunas sugerencias a quienes desarrollan productos de IA, con el fin de orientarlos para que desde el diseño del producto se tengan en cuenta las exigencias de las regulaciones sobre el tratamiento de datos personales.

(*) La Red Iberoaméricana de Protección de Datos (RIPD) se configura como un foro integrador de los diversos actores, tanto del sector público como privado, que desarrollen iniciativas y proyectos relacionados con la protección de datos personales en Iberoamérica, con la finalidad de fomentar, mantener y fortalecer un estrecho y permanente intercambio de información, experiencias y conocimientos entre ellos, así como promover los desarrollos normativos necesarios para garantizar una regulación avanzada del derecho a la protección de datos personales en un contexto democrático, tomando en consideración la necesidad del continuo flujo de datos entre países que tienen diversos lazos en común y una preocupación por este derecho.