El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía registró en 2020 un total de 1.030 asuntos, 627 correspondientes al Área de Transparencia y 403 al Área de Protección de Datos, un 27% más con respecto al año anterior, incremento debido en gran medida a los asuntos derivados de la asunción de competencias en materia de protección de datos.

Estos datos los ha dado a conocer el director del Consejo, Jesús Jiménez, durante su comparecencia parlamentaria en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, donde ha presentado el Informe de Actuación 2020 y ha destacado el número de reclamaciones y denuncias resueltas, un total de 655, un 5% más en relación al ejercicio anterior.

De la misma forma, ha subrayado la buena marcha del órgano en lo que va de 2021, periodo en el que ya se han registrado cerca de 1.400 asuntos y se han resuelto más de 1.100 reclamaciones y denuncias, resultados de la labor consolidada por la anterior Dirección y por el esfuerzo de los empleados públicos del Consejo.

Transparencia

Por áreas, Transparencia registró 627 asuntos (545 reclamaciones, 50 denuncias y 32 consultas) resolviendo 648 reclamaciones y denuncias.

En Derecho de Acceso a la Información Pública, el perfil del reclamante correspondió en un 87% a personas físicas, siendo un 85% hombres y un 15%, mujeres, destacando la necesidad de determinar la causa de esta significativa diferencia para articular los mecanismos que permitan su corrección.

Analizando el perfil de los órganos reclamados, los entes locales aglutinaron el 48% de las reclamaciones -con Sevilla, Málaga y Cádiz a la cabeza-, seguidos de la Junta de Andalucía (46%). Las consejerías más reclamadas en la Junta fueron Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, seguida de Educación y Deporte, Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Con respecto a las resoluciones dictadas, ascendieron a un total de 401, que resolvieron un total de 422 resoluciones, siendo un 63% favorables al ciudadano, es decir, se vio amparado su derecho a recibir la información reclamada. Las cuestiones más demandadas fueron aquellas relacionadas con personal, contratación, urbanismo, informes y funcionamiento de los órganos.

En el capítulo de Publicidad Activa se registraron un total de 50 denuncias, el 64% presentadas por personas físicas (90% hombres y 10% mujeres). De nuevo fueron las entidades locales los organismos más denunciados, con un 78% -con Sevilla y Cádiz en los primeros puestos- seguidos de la Junta de Andalucía (10%).

En cuanto a las resoluciones, se emitieron un total de 218, que resolvieron 226 denuncias de forma acumulada. Las cuestiones más denunciadas fueron la ausencia de trámite de información pública, el funcionamiento del gobierno, los altos cargos y máximos responsables y la información institucional y organizativa, entre otras.

Protección de datos

El pasado ejercicio se registraron en el Área de Protección de Datos un total de 403 asuntos, divididos en 148 reclamaciones por vulneración de la normativa (44% pertenecientes a la administración autonómica y 46% a la administración local), 114 comunicaciones de Delegados de Protección de Datos, 22 notificaciones de brechas de seguridad y 119 consultas.

En relación a las comunicaciones relativas a Delegados de Protección de Datos, un 94% respondieron a designaciones (el 77% de la administración local y el 21% de la administración autonómica), cifra que constata que aún muchas instituciones no contaban con esta figura dentro de sus organizaciones.

En este sentido, y a cierre de ejercicio 2020, el 63% de los municipios andaluces aún no había comunicado el Delegado de Protección de Datos al Consejo. Para revertir estas cifras, el Consejo puso en marcha en 2021 una campaña informativa para aquellos ayuntamientos que aún no contaban con DPD o bien no lo habían comunicado oficialmente, con objeto de recordarles la obligatoriedad de contar con esta figura, exigencia fijada en el Reglamento General de Protección de Datos.

Las notificaciones de brechas de seguridad correspondieron un 59% a la administración local y el 41% a la autonómica. Con respecto a las consultas, de las 119, el 61% estuvieron relacionadas con la autoridad de control, el 20% con la legitimidad del tratamiento, el 8% a la responsabilidad proactiva y el 5% con el ejercicio de derechos.

Por lo que respecta a la actividad jurisdiccional, en el ejercicio 2020 se presentaron siete nuevos recursos contenciosos-administrativos contra resoluciones del Consejo. Además, los diferentes tribunales dictaron un total de 16 sentencias, la mayoría favorables a la autoridad de control. Muchos de ellos avalaron, en segunda instancia, las tesis de este organismo.

Plan Estratégico

El director ha aprovechado la comparecencia en Parlamento para informar que el Consejo está preparando su Plan Estratégico, con un horizonte de 2025 cuyo objetivo es consolidar al Consejo como “una institución abierta y cercana, que continúe tendiendo puentes de comunicación con todos nuestros interlocutores”.

Además, Jiménez ha apostado por hacer del Consejo un órgano “con destacadas exigencias en sus procedimientos y modelos de gestión”, y ello en un doble sentido. En un primer lugar, hacer visible el compromiso de la institución con la ética, la transparencia, la integridad pública y la rendición de cuentas. En segundo lugar, tenemos la determinación de ofrecer una mejor y más rápida respuesta a los ciudadanos otorgarles mayor protección y una garantía efectiva de sus derechos”. En este ámbito tendrá especial importancia atender a aquellos obstáculos que ahora pueden impedir la igualdad en el acceso a la protección que el Consejo ofrece, ya sea de carácter tecnológico, o de otro orden.

El Plan estratégico abordará también la actuación del Consejo ante los desafíos tecnológicos y de innovación a los que se enfrenta el sector público, como garantía de calidad en la prestación de los servicios y para la realización del interés general, particularmente en caso de actuaciones automatizadas, haciendo uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial. Para que cumplan su objetivo final, es necesario preservar a la persona, consolidar los deberes de transparencia y y garantizar la protección de sus datos personales. En ese contexto, debemos prestar atención a la infancia, particularmente en el entorno educativo, y a las personas integradas en colectivos vulnerables.