El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, ha considerado hoy la inteligencia artificial “un reto, puede llegar a ser una garantía de calidad de la acción pública, incluso su medida o estándar de diligencia”, si bien “si no se parte desde el respeto a los derechos fundamentales, entre ellos a la protección de datos personales, la implementación de estos sistemas puede verse retrasada o frustrada.”
Así lo ha manifestado Jiménez, quien ha participado en Alicante en el IV Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, donde ha formado parte de un panel de expertos que ha debatido sobre la colaboración público-privada e institucional que debe existir en la Inteligencia Artificial para que España y Europa puedan fortalecer las redes necesarias para asegurar las posiciones europeas.
El director ha explicado que la Inteligencia Artificial ha de atender a la persona, contando con ella, para hacerla confiable. De otro modo, y particularmente en el sector público, el ciudadano tiene “muchos resortes para reaccionar frente a un modelo de inteligencia artificial”, que puede hacer valer ante un órgano jurisdiccional o ante una autoridad de control. Por ello, ha añadido que el modelo de inteligencia artificial “debe ser seguro, respetar las normas, demostrarlo, teniendo especial importancia una evaluación de impacto en la protección de datos personales identificando riesgos, para su evaluación y mitigación”.
“El modelo ha de ser explicado al ciudadano, a quien el responsable público debe trasladar qué datos suyos se tienen, para qué se tienen, cómo son tratados, que hay un sistema de Inteligencia artificial que le afecta, cómo funciona, cuál es el proceso de inferencia, cómo puede reaccionar frente a él, es decir, hay que ser transparente y rendir cuentas, exigencia que ya puede considerarse contemplada en la norma comunitaria sobre protección de datos”, ha subrayado.
Por tanto, el director del Consejo ha remarcado que, “si el sector público no es cuidadoso con el derecho fundamental en el diseño, desarrollo, adopción e implementación de sistemas o modelos de inteligencia artificial u otros sistemas que lo integren, éste será vulnerable, comprometiendo el esfuerzo tecnológico e inversor”.
Para finalizar, ha concluido resaltando que abordar proyectos de inteligencia artificial en el seno del sector público sin los recursos personales especializados, multidisciplinares y, sobre todo, sin una estructura especializada en la protección de datos, “puede impedir su implantación o continuidad, haciendo estéril una inversión considerable e impidiendo la obtención de los beneficios que la Inteligencia artificial puede aportar a la acción pública”.