El 28 de marzo en la Universidad de Granada se ha realizado unas jornadas de estudio en materia de transparencia y protección de datos.

Durante los últimos meses el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía está organizando una serie de jornadas divulgativas sobre el contenido de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, desarrolladas principalmente en las Diputaciones Provinciales. El nivel de exigencia de la misma dificulta el cumplimiento de los sujetos obligados, que cobra mayor relevancia en el caso de las corporaciones municipales de menor población, razón por la cual hemos estimado conveniente desplegar mayores esfuerzos en visitar y organizar jornadas en las instituciones provinciales, con el propósito de acercar el Consejo y la Ley andaluza a los municipios.

En este contexto, desde el Consejo teníamos un especial interés en dedicar una sesión monográfica a la protección de datos, y la jornada celebrada el pasado día 23 de marzo en la Diputación de Granada bajo el título "Protección de datos personales como límite al derecho de acceso a la información pública: aplicaciones prácticas" vino a cumplir con dicho propósito. Además, en el caso andaluz, la protección de datos personales se ha manifestado como el límite más invocado por los sujetos obligados para denegar solicitudes de información pública, lo que hacía aún más precisa la realización de una jornada de este tipo, para la que contamos con la participación de reputados expertos en la materia del ámbito académico y administrativo, así como con representantes de organismos garantes de la transparencia análogos al CTPDA.

La jornada, a la que acudieron más de 150 asistentes y para la que contamos con la colaboración en la organización del Centro de Estudios Andaluces, fue inaugurada por José Entrena Ávila, presidente de la Diputación de Granada; Pedro Fernández, vicepresidente primero y responsable del Área de Transparencia de la Diputación y nuestro director, Manuel Medina. En su intervención, José Entrena destacó la importancia de la ejemplaridad pública como elemento imprescindible para "prestigiar la acción política", lo que implica un compromiso por la transparencia en la gestión, orientada en definitiva a la rendición de cuentas a los ciudadanos, y manifestó su convicción personal y la de la Diputación en avanzar en estas cuestiones. En esta parte introductoria de la jornada, Manuel Medina destacó la complejidad que supone determinar el alcance la transparencia sin que se vea afectado el derecho a la protección de datos, dos conceptos en una tensión continua, motivo que puede explicar el hecho de que el control de ambas materias en las legislaciones más recientes se asigne a un sólo organismo, como ocurre en el caso del CTPDA. Para finalizar, explicó que el conflicto entre dos derechos, como este caso, requiere de un ejercicio de ponderación, cuyos criterios sólo se podrán precisar en la medida en que se realice un "rodaje normativo" consecuencia de su aplicación a través de sentencias y resoluciones.

La jornada se estructuró en una conferencia de apertura, a cargo de José Luis Rodríguez Álvarez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y ex-director de la Agencia Española de Protección de Datos, y dos mesas redondas. En su intervención, el profesor Rodríguez Álvarez puso el acento en que no se pueden vulnerar derechos fundamentales en aras de la transparencia, y que ésta que debe proyectarse sobre los poderes públicos y la administración, pero no sobre las informaciones que puedan lesionar los derechos de los ciudadanos. Para ello, es necesario encontrar el equilibrio entre máxima transparencia y respeto a los derechos individuales, estableciendo los límites y garantías adecuados; una tarea compleja pero factible y, en definitiva, inevitable. Tras definir la relación entre transparencia y protección de datos desde diversos factores explicativos, concluyó que la segunda no es una amenaza ni un obstáculo para la primera, sino una "condición necesaria para su consolidación". Por otra parte, sostuvo el papel indispensable de los organismos de control para los supuestos de ponderación en los casos en que exista el conflicto entre ambos derechos, en tanto que "no hay automatismos".

La primera mesa redonda, 'Experiencias de los sujetos obligados', estuvo compuesta por Antonio Troncoso Reigada, ex-director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz;  Estrella Gutiérrez David, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Celia García Fernández, directora del Área de Transparencia y Simplificación Administrativa de la Universidad de Granada. Carmen Tovar, jefa del Área de Programas Externos del Centro de Estudios Andaluces, moderó una mesa en la que los ponentes se aproximaron a la cuestión desde perspectivas muy diversas. Antonio Troncoso expuso de una manera genérica las virtudes y defectos de la ley estatal de transparencia 19/2013, y una serie de ejemplos sobre las consecuencias negativas de una eventual "publicidad masiva" y de no concretar los plazos de cancelación y la actualización de la información. Estrella Gutiérrez, por su parte, se centró en un asunto concreto, las solicitudes de acceso a la información en emails institucionales y otros medios como soportes de información pública, de máximo interés para los empleados y cargos públicos por su aplicación cotidiana, mostrando el asunto desde una perspectiva comparada y analizando también la casuística a nivel nacional. Celia Fernández compartió la experiencia de la Universidad de Granada en la puesta en marcha de su Portal de Transparencia y los procesos administrativos relacionados con la publicidad activa y la protección de datos.

Para la segunda mesa, 'Experiencias de las autoridades de control', contamos con la participación de Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de Catalunya; Ricardo García Macho, presidente del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de la Generalitat de Valencia y Enrique Orduña Prada, director de la Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Los ponentes expusieron una serie de casos prácticos en sus respectivas instituciones, los criterios y las metodologías de trabajo empleadas. Coincidieron en señalar diversos factores significativos a nivel general, como la consideración del derecho de acceso a la información como derecho fundamental, la conveniencia de reunir en un solo organismo las competencias de protección de datos y transparencia o la necesidad de un desarrollo reglamentario de las leyes de transparencia.