La sede del Edificio Torretriana en Sevilla acogió ayer la Jornada sobre límites de la Transparencia en el derecho de acceso y en la publicidad activa, organizada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).
Manuel Medina, director del CTPDA, y José Mª Sánchez Bursón, director del IAAP, inauguraron la Jornada. que tuvo un rotundo éxito de asistencia y participación. En su intervención, Medina recalcó el principio de que la información de las administraciones es pública, si bien, como ocurre con toda presunción de Derecho, este principio puede “quebrarse argumentando uno de los límites previstos en la legislación” debidamente justificado. “Lo importante no es definir hasta dónde puede llegar el Derecho, sino hasta dónde puede limitarse”, en palabras del Director del CTPDA. Por su parte, Sánchez Bursón destacó la importancia de la transparencia como herramienta para dotar de legitimidad la actuación de las administraciones y como vehículo para la participación ciudadana en las mismas.
Siguiendo esta línea, Emilio Guichot, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y uno de los expertos que colaboró en la redacción de las leyes de Transparencia española y andaluza, expuso el sistema general de límites definido en la Ley de Transparencia estatal. Acompañó su exposición de diversos ejemplos referidos a situaciones cotidianas que ponían de manifiesto que no toda la información pública puede ser accesible. En relación a una de las críticas habituales que se realiza a esta Ley, concluyó que los límites definidos son exhaustivos y que, en su opinión, sobre ellos no cabe ampliación ni reducción. Finalmente, anunció la próxima creación de un Observatorio de la Transparencia en la Universidad de Sevilla.
El carácter práctico de la conferencia inaugural de Guichot marcó el desarrollo de las mesas redondas posteriores, moderadas por la periodista Ana López Fernández, directora de la Revista Española de la Transparencia y consultora de Acreditra. La primera mesa, centrada en las experiencias a nivel local, contó con la participación de Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento de Sevilla; Severiano Fernández Ramos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, y Joaquín Meseguer, subdirector general de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid. El secretario del ayuntamiento hispalense relató el proceso de implantación de la normativa de transparencia en el consistorio desde el plano competencial y en el plano práctico, materializado en un catálogo de 1500 indicadores de transparencia, vinculados a los responsables en el Ayuntamiento de su sistematización y actualización, haciendo especial hincapié en que la publicidad activa debe ser restrictiva con el propósito de no vulnerar los derechos de protección de datos. En esta línea, el catedrático Severiano Fernández explicó las clases de datos personales y realizó un análisis detenido respecto al criterio interpretativo conjunto 2/2015 elaborado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos. La última intervención de esta mesa fue la realizada por Joaquín Meseguer, que expuso la experiencia del Ayuntamiento de Madrid, consistorio que ha acumulado casi 700 demandas de información en el primer año de aplicación de la ley de Transparencia. En su exposición expuso la “falta de proyección de las entidades locales en la regulación estatal del derecho al acceso a la información”, lo que “genera una ansiedad administrativa constante” en tanto que en el texto legislativo de referencia no se encuentran respuestas adecuadas al mundo local, ya que hay varios artículos de la ley que no afectan a los ayuntamientos.
Ya en la segunda mesa redonda, dedicada a las experiencias en los órganos de control independientes, la presidenta de la Comissió de Garantía del Dret d’Accés a la Informació Publica (GAIP) de Catalunya, Elisabeth Samarra, centró su intervención en la explicación del proceso de ponderación de un caso real de reclamación recibida en la GAIP, en el que se concitaban varios de los límites y las causas de inadmisión (seguridad pública, intereses comerciales, protección de datos, reelaboración de la información, información auxiliar o de apoyo), para justificar la admisión parcial de la solicitud de información realizada por una ciudadana, que solicitaba la relación de bares y restaurantes que incluyera el resultado de las últimas inspecciones sanitarias de higiene, que fue denegada por el órgano competente, la Agencia de Salud Pública de Barcelona. La idea central que transmitió la responsable del órgano garante catalán es que los límites y las causas de inadmisión deben ser debidamente justificados por la Administración que lo invoca, no basta sólo con hacer alusión a ellos para conseguir la resolución de inadmisión.
Enrique Orduña, director de la Oficina de Reclamaciones de Administraciones territoriales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, incidió en la idea de que los limites sólo pueden ser interpretados y aplicados de forma restrictiva, debiendo ceñirse sólo a los supuestos previstos en la ley sin ampliarlos. Como en el caso anterior, expuso diversos ejemplos en los que el CTBG ha aplicado el test del daño y del interés público. Entre varios ejemplos citó las resoluciones sobre el coste de la acuñación de las monedas con la efigie de Felipe VI o el coste del programa especial de Nochevieja de 2015, ambos recurridos ante la justicia contencioso-administrativa y con fallos favorables al CTBG.
Por último, Carlos Flores Juberías relató los inicios del Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana, la limitación de recursos, y el nacimiento de la ley 2/2015 aprobada “in extremis” en la última sesión parlamentaria de la legislatura autonómica anterior. Hizo alusión a que los principales reclamantes de información al Consell son cuatro personas (ninguna de ellas periodista, profesión especialmente vinculada a las peticiones de información) que acumulan el 28% de peticiones, y comentó que con frecuencia reciben peticiones sin relación con la transparencia o el derecho de acceso a la información.
La Jornada, que contó con una importante participación de los asistentes, provenientes principalmente de entidades y órganos de la Junta de Andalucía, ayuntamientos, diputaciones y universidades, fue clausurada por Manuel Medina, que anunció la celebración de una jornada o seminario similar que tratará con carácter monográfico sobre el conflicto entre transparencia y protección de datos.