El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, ha defendido hoy la importancia de la transparencia en las empresas públicas, pues representa “una inversión a largo plazo que genera confianza tanto en los grupos de interés, externos e internos, como en la propia sociedad”. Así lo ha puesto de manifiesto en Jerez de la Frontera (Cádiz) durante su participación en las ‘II Jornadas sobre el marco integrado de información para las empresas públicas andaluzas: una oportunidad para la mejora de la transparencia y la innovación’, organizadas por la Universidad de Cádiz y por la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad.
Jiménez ha asegurado que el derecho de acceso a la información pública cuenta con más valor cuando se convierte en un instrumento que garantiza los derechos fundamentales -como el de información y opinión-, que fomenta además la rendición de cuentas de las actividades de interés económico general y en la prestación de servicios públicos esenciales.
“Indudablemente”, ha destacado el director, “la transparencia atiende a un principio democrático y de equidad social, pero también se encuentra al servicio de la mejora y eficiencia económica de la actividad de interés público”.
En primer lugar, Jiménez ha planteado la “realidad compleja” de las empresas públicas con respecto a la diversidad de sus marcos de regulación, aludiendo al derecho comunitario, a la legislación básica, a la autonómica, y a la normativa sectorial, lo que, a su juicio, ocasiona “problemas de interpretación en su aplicación práctica”,
Junto a esta particularidad inicial, ha señalado la distinción entre las empresas públicas de derecho público, con unas determinadas obligaciones en materia de transparencia (tanto en publicidad activa como derecho de acceso), frente a las empresas públicas de derecho privado, sujetas sólo parcialmente a las obligaciones de publicidad activa y a todas las previsiones relativas al ejercicio del derecho de acceso a los ciudadanos.
Transparencia cualitativa
De otro lado, Jiménez, ha abordado el concepto de “transparencia cualitativa”, referido a otros aspectos indirectos relacionados con la publicación de la información, como la forma o el modo de la publicación. Ha hecho referencia a la forma periódica, veraz, objetiva y actualizada de la información a difundir, a la disposición de la información de manera segura y comprensible en las sedes electrónicas, portales o páginas web, a la periodicidad trimestral de publicación y actualización, así como a los principios básicos de veracidad, utilidad, gratuidad, facilidad, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización que rigen el derecho a la publicidad activa.
Según sus palabras, “todos estos principios y previsiones son de subrayada importancia para que el derecho a la publicidad activa y el derecho de acceso a la información sean reales y efectivos”, añadiendo que las “deficiencias” en la publicación de la información (por exceso, por mala estructuración, por dificultades de localización) impiden que la ciudadanía acceda libremente a la información generada por las Administraciones Públicas y, por lo tanto, se hacen “inútiles” todos los derechos reconocidos, pudiendo dar lugar a una mera transparencia ilusoria.
“Queda mucho camino por recorrer en la forma de publicación de la información”, ha remarcado Jiménez, quien ha planteado la necesidad de usar un lenguaje sencillo, de desarrollar herramientas que faciliten la comprensión de materias complejas, de regular aspectos como la actualización, duración, datos personales, de homogeneizar la estructuración de los portales de transparencia, y de crear guías, tutoriales o paneles de mando para la información publicada.
Todas estas mejoras, ha precisado el director, deben contar con una “reconocida y real apuesta” por parte de la organización, pues es manifiesto el valor añadido que generará para su actividad la transparencia. “Solo de esta manera los avances serán coherentes y firmes, se ofrecerá una visión general y se definirán más marcadamente los objetivos”, ha puntualizado.
Toma de decisiones
En el marco de la publicación de la información, para el director es de vital importancia la información relativa a los procesos de toma de decisiones, entendidos todos los procesos que concluyan en una decisión (positiva o negativa) sobre un determinado asunto que pueda tener repercusión en el servicio público y, por tanto, en la ciudadanía.
A este respecto y ante el nuevo escenario actual en el que gran parte de las decisiones serán adoptadas por o con el soporte de algoritmos, “se trata no solo de explicar cómo funciona el algoritmo, sino de justificar por qué la decisión la toma un algoritmo, y explicar de modo comprensible el funcionamiento de la aplicación que produce el resultado”, ha matizado Jiménez. “Con esta información, la ciudadanía puede establecer canales de comunicación con la empresa que redunden en una mayor confianza, así como en la participación en el proceso de toma de decisiones cuando proceda”, ha concretado.
De otro lado, el director ha valorado la publicación de información en datos abiertos por parte del tejido empresarial, ya que los datos -con las debidas cautelas en el caso de datos personales- tienen especial importancia en la generación de actividad económica al servicio de la reutilización de la información y la propia normativa de transparencia.
En su opinión, “una adecuada política de datos abiertos no sólo sería un elemento instrumental de la transparencia y de la rendición de cuentas en la gestión pública, sino que también contribuiría al servicio de la investigación, a la generación de información y conocimiento”.
Para finalizar, el director ha apostado por la puesta en marcha de sistemas que permitan una evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, “sistemas que necesariamente deberán ser homogéneos para poder analizar la evolución e implantar mejoras de las deficiencias advertidas”.
A este respecto, ha presentado la nueva herramienta del Consejo ‘Evalúa tu transparencia’, puesta en marcha haces unos meses y dirigida a los sujetos obligados para la mejora del cumplimiento del contenido de la Ley. Se trata de un cuestionario que evalúa el cumplimiento de multitud de indicadores mediante diferentes atributos, que valoran tanto cuantitativa como cualitativamente la publicación de la información.
Son cuestionarios adaptados al catálogo de obligaciones de cada tipo de entidad que proporcionan varios tipos de informes que permiten identificar las posibles deficiencias en el cumplimiento, a través de un código de colores, pudiendo valorar la entidad los resultados y localizar las áreas que precisan de una atención más o menos urgente.