El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, ha destacado las “evidentes” ventajas de las nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas señalando que su uso y desarrollo no puede desvincularse del principio de legalidad, en particular en el respecto de los derechos de las personas frente a los poderes públicos, incluidos sus derechos fundamentales.
Así lo ha puesto de manifiesto en su participación en el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS), organizado por el Ayuntamiento de Madrid y el Club de Innovación, foro en el que ha subrayado la “garantía” que ha de ser respetada por los operadores implicados en los procesos tecnológicos, refiriéndose a la “transparencia efectiva y a la eficaz intervención humana”.
“Son espacios de innovación la planificación estratégica y operativa, los procedimientos administrativos, la prestación de servicios públicos, los procesos internos, incluso la realización de actividades económicas de interés general, en los que pueden intervenir soluciones o sistemas de Inteligencia Artificial”, ha remarcado Jiménez.
En este sentido, ha definido como “enemigo a batir” la opacidad u oscuridad que puede provocar el uso, necesario y conveniente, de la tecnología en la gestión pública. Así, ha detallado que esa “opacidad” puede ser resultado de la falta de formación de operadores; de la propia Administración, como solución a un ejercicio de ponderación entre transparencia y otros derechos e intereses, e intrínsecas a determinadas soluciones tecnológicas.
Por tanto, el máximo responsable de la autoridad de control andaluza ha exigido con este contexto la consolidación de las estructuras al servicio de la transparencia y el establecimiento de un estándar de transparencia para el caso de utilización de la tecnología que incluya, con la adecuada ponderación, la información relativa a la decisión de utilización de la herramienta algorítmica, el propósito de uso, la información relativa a organización del proyecto, las personas directa o indirectamente afectadas, los mecanismos específicos de rendición de cuentas y de transparencia y los datos utilizados para la configuración y aprendizaje, entre otros.
Pero también ha solicitado la configuración y cumplimiento de un modelo de gobernanza de datos en el seno de las Administraciones Públicas, de modo que las nuevas tecnologías podrían ponerse al servicio de una adecuada política de datos abiertos.